Economía País

Carlos Arturo Guisarre

La Comisión de Senadores y Diputados que estudia el Proyecto de Presupuesto 2013 ha confirmado que el estimado de ingresos y gastos sometido por el Gobierno Central o Poder Robocutivo va tal cual, con superpoderes que ascienden a los 516 mil millones de pesos, un 20% mayor al documento de 2012, tomando en cuenta que el presidente Danilo Medina se ha comprometido a controlar el gasto y a ejecutar una gestión caracterizada por la austeridad.

Allí están las consecuencias económicas del control político de un partido (cualquiera que sea), sobre las bases de ejecución y legislación con una mayoría aplastante. Encima de que en República Dominicana el Poder Robocutivo se conforma en un 100% por aquel partido que gane las elecciones sin importar el margen, la posesión de la mayoría legislativa por parte de ese mismo grupo deja desprotegida a la sociedad ante los abusos de la burocracia estatal.

Los senadores (Cámara Alta, representantes de las provincias) y los diputados (Cámara Baja, representantes de 50 mil personas o menos) se convierten en el Poder Peleletivo cuando la victoria presidencial y la mayoría legislativa coinciden en el tiempo.

Esta no es sólo una cruz que cargamos con el Partido de la Liberación Dominicana en el Poder absoluto, los partidos Reformista y Revolucionario Dominicano tuvieron sus momentos de gloria en los que también pasaron por encima de todo el mundo para que se aprobaran obras faraónicas, préstamos abusivos, bonos fraudulentos y asfixiantes reformas fiscales.

Pues ahora, cuando tiene en sus manos a todos los senadores menos uno (y ese uno está casi negociando) y la mayoría de los diputados, el Gobierno Central no ve la necesidad de discutir con los simples mortales acerca de la pertinencia de emitir o no mil millones de dólares en bonos soberanos ni tampoco le ve importancia a consensuar un pacto eléctrico en el que participen todos los sectores, en vez de sólo las autoridades, los generadores y, por supuesto, el Banco del Reservas, quien carga con el muerto de la deuda.

El Poder Peleletivo, como de costumbre, nos dará el “palo acechao” cerca de la cena de Noche Buena, cuando nadie estará pendiente a mis twits en @economiapais ni mucho menos a mis quejas en este espacio. Mientras, destapemos el regalo de Navidad que nuestros honorables nos pueden hacer con el permiso de un orden constitucional: 516 mil millones en gastos excesivos, un 4% a la educación que se irá en block y varilla, y otro diciembre en el que tendremos que concentrarnos en señalar nuevos abusos, para un nuevo año.

Carlos Arturo Guisarre

El Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aumenta de 16% a 18% para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, es decir, a partir de enero de 2013.

De acuerdo con la Ley 253-12 de “reforma tributaria”, en 2015 este tributo regresaría a “su base original” de 16%, sólo en caso de que el Estado dominicano consiga su meta recaudadora. La Presidencia de la República ha fijado esa “meta recaudadora” en 45 mil millones de pesos.

Les apuesto que en noviembre de 2014 el Gobierno dominicano saldrá con el cuento de camino de que problemas de finanzas públicas impedirán llevar a cabo la condicionalidad colocada en el artículo 23 de esta desafortunada Ley.

El aumento de dos puntos porcentuales de la base del ITBIS por sí mismo supone un aumento en la presión tributaria de un 12.5%, lo que indica que sólo por concepto de esta medida fiscal los gastos de los emprendedores se incrementarán en más de un 13%, vaticinando que industrias con altas barreras de entrada y bajas “amenazas” competitivas aprovecharán para servirse con la cuchara grande en medio del río revuelto y la confusión que causa un proceso inflacionario.

Asimismo, en la misma proporción de 12.5% se ven obligados muchos emprendedores a elevar el presupuesto de servicios que presentan a sus clientes, con el riesgo de que en el proceso de negocio (regateo) la gerencia tenga que “dar su brazo a torcer” para retener al cliente y mantener las operaciones en sectores altamente competitivos, con bajas barreras de entrada y cuyos productos no forman parte de la “canasta indispensable” de la operación cotidiana de las organizaciones.

Carlos Arturo Guisarre

El dinero es la meta inicial de toda persona física o jurídica, porque mediante el mismo las necesidades materiales más urgentes y los deseos más lujosos son satisfechos. En la solapada pero encarnada lucha social por aumentar los ingresos y el poder de compra, profesionales y empresas trazan estrategias de vida, se preparan, instalan negocios e innovan, hechos todos que procuran una mejor vida.

Pero este proceso no se lleva a cabo en un terreno llano, donde el simple hecho de avanzar hace que el caminante recorra largas distancias. En este caso vale más la comparación con una carrera de obstáculos.
Los mayores obstáculos que se encuentra un emprendedor en su carrera son la competencia, la inflación y los impuestos.

Los primeros dos son de carácter sistémico y tienen lugar como una reacción a la encarnada lucha social por aumentar el poder de compra, pero el tercero consiste en una medida política adoptada por las autoridades con consecuencias favorables para los decisores.

Se asemeja a un maratón de 400 metros con vallas, donde la competencia son los demás corredores, la inflación es el aumento de la velocidad necesaria para mantenerse en la prueba y los impuestos son las vallas, aquellos obstáculos que hay que saltar cada cinco segundos.

De eso se trata esta Ley 253-12 de Reforzamiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado o de Reforma Tributaria, de aumentar la altura de las vallas a superar cada cinco segundos, colocadas como trampas en la pista del mercado. Imagine qué hubiera sido de Félix Sánchez si le colocaran una valla más alta en cada tramo. La pieza legislativa contiene impuestos clave que elevarán la presión tributaria de las pequeñas empresas que componen la oferta de servicios a clientes internos o nacionales.

Alzas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), variaciones en el Impuesto sobre la Renta, la integración de un impuesto anual del 1% sobre el valor de vehículos de motor, la colocación de 2.00 pesos adicionales en tributos a los combustibles fósiles (Gasolina Premium, por ejemplo), aumentos de 10% en la carga a la factura del telecable y el nuevo pago de 12 mil pesos al año a toda empresa cuyo promedio de ventas al mes sea o sobrepase los 50 mil pesos (600 mil pesos en todo el año) aumenta la presión tributaria de los emprendedores de manera significativa.

Los nuevos impuestos y nuevas bases imponibles cuentan con su fecha o momento de entrada en vigencia. Pese a la incorporación de nuevos tributos en el calendario de la Ley 253-12, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no ha presentado a la comunidad empresarial borradores de las normas a seguir para administrarlos.